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El presidente de la CIDH, James Cavallaro, dijo que en el acuerdo firmado con el gobierno mexicano se estableció que el mandato podría ampliarse el tiempo necesario para cumplir su objetivo.

En la reunión con la procuradora Arely Gómez se acordó además que sean los familiares los primeros en conocer los avances de la investigación, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres.

Los elementos federales presenciaron cuando policías de Iguala entregaron a los normalistas a sus pares de Huitzuco, dice chofer.

La ficha roja se emitió el 6 de abril en los 190 países que forman parte de la red de Interpol contra Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales y Diego Cruz Alonso.

El Presidente dijo que el mandato del GIEI se cumplió e incluso se amplió; Roberto Campa, subsecretario de la Segob, dijo que la CIDH seguirá en el caso Iguala, pero no podrá investigar.

Se trata de un chef, un empresario, científicos de la academia y madres de familia, entre otros, de 28 a 63 años.

La dependencia informó que el 7 de enero abrió una averiguación previa para investigar la probable responsabilidad de al menos dos militares y una policía federal.

El ombudsman Luis Raúl González Pérez dijo que el 23 de julio de 2015, en las primeras observaciones que la CNDH hizo sobre el caso, ya habían pedido a PGR investigar a otras policías municipales.

La procuraduría dijo que profundizará en la línea de investigación que planteó la CNDH, al indicar que otros cuerpos policiales participaron en la desaparición de los 43.

La dependencia informó que la tortura ocurrió el año pasado y se enteró 10 meses después, momento en que notificó a la Procuraduría Militar y actualmente son procesados por un juez militar.

En su informe anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado denunció que policías y militares participan en "graves abusos, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones".

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La mayoría de las riñas fue por diferencias personales o agresiones entre grupos antagónicos; los penales más violentos son los de Oaxaca y del Occidente.

Por tercer día consecutivo hubo bloqueos en la entidad, quema de vehículos y balaceras que afectaron al menos a tres municipios; en Uruapan cierran universidades por la inseguridad.

Alcaldes acuerdan con Ejército, Marina y Policía Federal patrullajes a la entrada y salida del personal.

Las dos doctoras, secuestradas desde hace una semana, fueron liberadas en un operativo realizado en Minatitlán; los detenidos están relacionados con otros 15 plagios, informó la Fiscalía.

Se trata de 10 personas, quienes fueron detenidas la semana pasada en una casa de seguridad en Ciudad Renacimiento; están relacionadas con al menos 13 homicidios ocurridos en la zona.

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La Procuraduría estatal informó que policías repelieron el ataque y lograron detener también a dos presuntos agresores, uno de ellos resultó lesionado.

El gobernador Silvano Aureoles y el mando especial el general Pedro Gurrola, acordaron que continuará la coordinación en materia de seguridad con el gobierno federal, tras una reunión de evaluación.

El gobernador Silvano Aureoles dijo que tienen identificado a un hombre que apodan "El Botox", líder del brazo armado de "Los Viagra", quien "ha estado desafiando la acción de la autoridad".

A los presuntos integrantes de grupos delictivos que pretendían quemar vehículos se les aseguraron armas de fuego de diferentes calibres, droga y gasolina.

Los comisionados de la CIDH aún estudian la petición de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa de prolongar la estadía del GIEI en México.

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Elementos del Ejército y Policía Federal y Estatal realizan operativos de seguridad en Apatzingán por bloqueos y quema de vehículos.

Napoleón Gómez Urrutia quería que la Secretaría del Trabajo lo indemnizara por los boletines emitidos en su contra; los magistrados concluyeron que el caso del líder minero era de relevancia pública.

El empresario Alberto Sentíes reiteró que no tiene nada que temer ya que su familia entregó a los visitadores la documentación que acredita la legalidad de sus bienes.

Héctor Cruz, padre de Diego Cruz, uno de los cuatro jóvenes que presuntamente abusaron sexualmente de Daphne, afirmó que no se ha girado ninguna orden en contra de su hijo.

La canciller alemana Angela Merkel ofreció al presidente Enrique Peña Nieto su ayuda en la investigación del caso Iguala, como parte de la cooperación entre ambas naciones en derechos humanos.

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A estas cárceles las califica con 6.21, pues entre sus deficiencias también está la falta de personal y carecen de acciones para prevenir fugas; a las federales les da 7.36 y a las militares 7.93.

“Tras un revisión, no se encontró ningún registro de ninguno de los estudiantes”, informó el Departamento de Justicia estadunidense.

El secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, acusa que hay una campaña para deslegitimizar y atacar al grupo de expertos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 en el que da cuenta de las irregularidades que hay en las cárceles del país.

El secretario de Gobernación aseguró que no hay ninguna disputa con el grupo de expertos, pero “es justo y necesario” saber sus conclusiones y poder conocer qué sucedió en Iguala.

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Cumplimentar diversas órdenes de aprehensión contra presuntos líderes de grupos armados, el objetivo; la PGJE se reserva los nombres, jerarquías y grupos delictivos de los detenidos.

La PGR informó que el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck no logró identificar a más normalistas en los restos humanos hallados en Cocula y enviados para análisis genéticos.

Padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca dijeron que hasta el momento no les han informado a quiénes pertenecen los otros restos localizados en el rancho.

Hombres armados entraron a las instalaciones del colegio "Vicente Guerrero" y se llevaron a José Luis Piedra Villaseca y Dorothy Nicanor Luciano por la fuerza.

Eber Omar Betanzos dijo que el informe que entregaron los expertos de fuego permite concluir que sí ocurrió un evento de fuego mayor en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014.

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El fiscal Luis Ángel Bravo negó que dos de los cuatro jóvenes que presuntamente abusaron sexualmente de una menor hayan sido detenidos en otros países.

El empresario Alberto Sentíes, cuyo escolta golpeó a un automovilista el 11 de marzo, acusó que hay una "cacería de brujas" en su contra y que el gobierno capitalino lo usa como distractor.

Héctor Cruz, padre de Diego Cruz Alonso, afirmó que el papá de la joven los amenazó con una pistola para que sus hijos declararan que habían abusado de ella.

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La segunda parte de la versión pública del expediente está dividida en 69 tomos y 14 anexos, que a partir de hoy están disponibles en la página de internet de la Procuraduría General de la República.

El borrador del dictamen prevé que los gobernadores puedan asumir de manera temporal el control de policías municipales solo en “casos de fuerza mayor y alteración grave del orden”.

Considera una etapa de transición para cada estado. Juzgadores adscritos a penales de máxima seguridad cuentan con seguridad permanente.

El subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, dio a conocer los resultados entregados por la universidad ante expertos de la CIDH, forenses argentinos y representantes de los padres.

En el próximo encuentro con la procuradora Arely Gómez exigirán que se le otorgue una segunda prórroga al GIEI para continuar con la investigación, anticipa vocero de los padres.

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El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que la violencia en el país se redujo, lo que permitió pasar de una tasa de 24 a 16 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, dijo que acciones como descreditar a los expertos independientes muestran que el gobierno quiere cerrar las investigaciones.

En un video, el empresario Alberto Sentíes dijo que las autoridades de la Ciudad de México lo han perseguido injustificadamente y pidió al jefe de Gobierno que garantice un proceso justo.

El proyecto se lleva a cabo en las corporaciones de al menos 14 municipios de seis estados.

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